Cuando mañana, fiesta de la Virgen de la Caridad del Cobre, la patrona de Cuba, se cumplen veinte años de la oposición sin tregua a la dictadura de Fidel Castro del Movimiento Cristiano Liberación (MCL), quince de sus miembros siguen todavía presos desde la oleada represiva de 2003. De los 75 disidentes detenidos en la Primavera Negra -unos 55 aún en la cárcel- más de veinte pertenecían al MCL y cerca de cincuenta estaban vinculados al Proyecto Varela que éste promueve, recordó ayer su líder, Oswaldo Payá, en conversación telefónica con ABC.Payá sitúa el origen del movimiento cívico en la Peña Cristiana del Pensamiento Cubano, que se reunía a mediados de los ochenta en la parroquia de El Cerro, el municipio habanero donde él nació hace 56 años. Inspirado en el humanismo cristiano, según el opositor cubano el movimiento «tiene una visión muy radical aunque pacífica de la liberación de un régimen que va más allá de ser una dictadura porque trata de adueñarse de las personas y de su vida». La suya propia es un ejemplo. Ingeniero de telecomunicaciones, Payá Sardiñas trabaja desde hace un cuarto de siglo -la mitad de lo que dura el régimen comunista- en una empresa estatal como especialista en electromedicina. Pero desde hace más de un año la Seguridad del Estado no le permite visitar los hospitales -su principal misión- y está confinado en una oficina.El destacado miembro de la disidencia interna sostiene que el Proyecto Varela -iniciativa que busca el «cambio pacífico y democrático a través del marco legal existente»- es «hoy más que nunca una alternativa». Cuando Fidel Castro lleva dos años en teoría alejado del poder y su hermano Raúl le sustituye oficialmente en la Presidencia desde hace seis meses, considera que la isla «sigue sumida en la pobreza y la opresión». Payá se hace eco de la frustración que van mostrando los cubanos por las expectativas que tenían en el nuevo Gobierno, que «no ven apertura a los derechos y sí el mismo control». Denuncia además la «arrogancia y ceguera de los que tienen todo el poder» y «la aceptación y la conformidad de muchos países e instituciones», entre los que cita al Gobierno español.
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