Declaramos que es contra la ética y contra la ley eximir de responsabilidad penal a quien viole los derechos humanos.

También es erróneo amnistiar a esos criminales bajo el pretexto de que dicho procedimiento podría contribuir a la reconciliación nacional o a impedir actos de violencia.

Somos partidarios de la administración de justicia en su sentido lato de “aplicar las leyes en los juicios civiles o criminales y hacer cumplir las sentencias” así como de que “el castigo debe tener por objeto restablecer el orden” porque -en consonancia con el principio establecido por Montesquieu desde 1748- “si examinamos la causa de todos los relajamientos, veremos que proceden siempre de la impunidad, no de la moderación de los castigos”.

Los directores de SOS Justicia proclamamos que las normas impuestas por los comunistas carecen de legalidad: en primer lugar porque ese conjunto de leyes arbitrarias abolió de facto el ordenamiento que el pueblo cubano adoptó mediante proceso auténtico en 1940; en segundo término porque las reglas castristas son aprobadas exclusivamente por el grupo político que usurpa el poder desde 1959 mientras los demás sectores de la sociedad no tienen representación en un estado cuya Constitución establece la exclusión política por concepto ideológico, procedimiento que viola las libertades básicas, menosprecia la dignidad humana y fomenta la intolerancia.

Asímismo declaramos que sólo el pueblo (previa y debidamente informado) tiene jurisdicción para (mediante consulta popular) decidir sobre asuntos como la permanencia del estado cubano en organizaciones internacionales que comulgaron con el régimen castrista; sobre si le conviene mantener relaciones con individuos o corporaciones que negociaron con dicho régimen; sobre si se deben ilegalizar asociaciones criminales como el partido comunista; y sobre cuanto asunto sea necesario decidir para reinstaurar la república, sus instituciones y ordenamientos.

Recalcamos que ahora la generalidad de la sociedad cubana se halla en estado de desarraigo e indefensión por la violencia del partido comunista, por la inexistencia de procedimientos jurídicos nacionales e internacionales para hacerle justicia a sus víctimas, así como por la complicidad de gobiernos, asociaciones e individuos que apoyan al régimen castrista mediante el comercio, las relaciones diplomáticas y otras favorables a esa minoría opresora.

SOS Justicia no tiene por objeto cuestionar los métodos con que otras asociaciones creen que se puede erradicar la opresión en Cuba, restituir el sistema de gobierno democrático y el estado de derecho, pero exigirá que se administre justicia en cada caso de violación de los derechos humanos que se le presente de modo formal y denunciará cualquier procedimiento que implique reciclar a los comunistas, perdonar sus crímenes o se limite a solicitar que los criminales pidan “disculpas públicas” a las víctimas o a sus familiares porque estas formas de obrar son contrarias al imperio de la ley.

De igual forma SOS Justicia se opone respetuosamente a cualquier idea o precedimiento inmovilista o que aparente actuar en favor de la democracia pero aplique métodos inútiles de lucha, pues entre los resultados de estos modos de actuar se halla la creación de falsas expectativas con la usual decepción que las precede y que sirve de retroalimentación al status quo favorable al régimen comunista. “Los derechos se toman, no se piden; se arrancan, no se mendigan” -José Martí.

En consecuencia con este precepto martiano, sin pretensiones de erigirse en directores de los planes anticastristas ni de dictar pautas a otros movimientos, los directores de SOS Justicia creen (basándose en la Historia) que sólo hay dos modos para ponerle fin a los sistemas opresivos: por la fuerza violenta o por la fuerza no violenta.

Por tanto, teniendo en cuenta las particularidades del actual contexto cubano, los directores de SOS Justicia somos partidarios de la resistencia cívica (desobediencia civil) como forma de lucha eficaz para echar del poder a la minoria que lo usurpa desde 1959 por lo que apoyamos a quienes dentro o fuera del país utilizan este procedimiento.

Los directores de SOS Justicia reconocen la legitimidad de quienes usen la fuerza violenta para derrocar el comunismo en Cuba pues dicho procedimiento está sujeto a la premisa establecida en el Tercer Considerando del Preámbulo de la Declaración Universal de Derechos Humanos, según la cual es “esencial que los derechos humanos sean protegidos por un régimen de Derecho, a fin de que el hombre no se vea compelido al supremo recurso de la rebelión contra la tiranía y la opresión”.

Los directores de SOS Justicia conforman una comisión ad hoc cuyo fin es el retorno del pueblo cubano al imperio de la ley, operan con fondos y otros recursos propios, no solicitan contribuciones de ninguna índole y trabajan ad honorem recibiendo únicamente retribución de tipo moral cuando cumplen con lo que creen es su deber como activistas en pro de la democracia.

ROBERTO RAMIREZ PIERRE
LUIS A MUSTELIER
MIAMI 11-24-07
pierrelibertad@yahoo.com